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| La igualdad de las mujeres en el sector agrario, un proceso que todavía avanza más lentamente J,R, Las dificultades que tienen las mujeres agricultoras y ganaderas han ido dando lugar desde hace años a la creación de organizaciones que luchan por el reconocimiento de sus derechos. La invisibilidad de este colectivo se hace patente en el escaso desarrollo de las leyes para poder conciliar vida social y laboral. EUROPA AGRARIA ha hablado con varias asociaciones que reivindican estos derechos:, CERES, Fademur y AMFAR, vinculadas a COAG, UPA Y ASAJA, respectivamente. A pesar de los avances que la mujer ha dado en España en algunos ámbitos, hay otros en los que el país continúa anclado en el pasado. Ese es el caso de la situación de las féminas en las explotaciones agrarias, donde las discriminaciones no dejan de producirse. Estas dificultades se hacen más patentes en el ámbito agrario al tratarse, en su mayoría, de pequeñas poblaciones con pocas posibilidades de organización, algo que también impide llevar a cabo un análisis concreto de la situación. Así, la responsable del área de la mujer de la Asociación de Mujeres del Medio Rural (CERES), Belén Verdugo, sostiene que mantuvieron un encuentro con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en el que se les aseguró que se reunirían con estadística para conocer la situación. “Hay que homogeneizar los informes del censo agrario y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para poder sacarles todo el partido”, sostiene también la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López. Hasta ahora han aguantado la situación de invisibilidad, sin embargo, las organizaciones de mujeres rurales están cansadas y quieren “erradicar una situación injusta”. De este modo, la presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), María Dolores Merino, ha manifestado que es “necesaria una legislación nacional, así como incentivar a las mujeres para que se hagan cotitulares”. Señalan, además, que el avance del sector repercutiría en las futuras generaciones. Por su parte, Merino sostiene que “es un orgullo poder recoger los resultados del trabajo llevado a cabo por estas organizaciones". Titularidad compartida Por otro lado, otro de los asuntos pendientes es el que corresponde al Real Decreto de Titularidad Compartida que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, anunció el pasado 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, y que se basa en que éstas participen en las explotaciones en igualdad de condiciones que los hombres. Según explica Verdugo, se trata de algo “verdaderamente necesario” para otorgar derechos a quienes trabajan en dichas fincas. Esto afectaría a cualquier familiar que participara de las actividades agrarias junto al propietario de la explotación, “sin tener que tratarse necesariamente de la mujer”. Actualmente, estas personas no cuentan con ningún tipo de ayudas ni derechos productivos. Respecto al mismo, Teresa López argumenta que se trata de una “medida fundamental”, mientras que María Dolores Merino recuerda que llevan 15 años luchando para lograr este reconocimiento. Destacan también que el primer paso fue la reforma de la Seguridad Social Agraria. “Ahora lo relevante es aparecer en los papeles” sostienen al referirse a la importancia del reconocimiento del trabajo de la mujer. Actualmente, la esposa del agricultor no puede realizar ningún trámite si no aparece en la titularidad, de modo que “el marido tiene que firmar una autorización para poder llevar a cabo este tipo de asuntos”, señala López. Aún así, todas las asociaciones coinciden en afirmar que el MARM está trabajando en ello. Sin reconocimiento En otro orden de cosas, el subsidio agrario sólo se desarrolla en algunas zonas concretas. “Por ejemplo, en Castilla y León no se contempla”, asegura la responsable del área de la mujer de COAG-CERES. A todo esto, hay que unir que la mayoría de las mujeres que se dedican a labores agrarias no son consideradas como un colectivo, ya que no existe un reconocimiento por parte del mundo rural. De este modo, una de las pocas posibilidades que tienen es afiliarse a asociaciones agrarias de mujeres que luchan por el reconocimiento de sus derechos. Las mismas intentan conseguir una representación igualitaria en las instituciones, cuyo objetivo fundamental es obtener la igualdad de derechos, así como tener unas políticas que reconozcan el papel de la mujer en la producción de alimento. “Hay que conseguir que en el medio rural se desarrollen las leyes sociales que se han aprobado para conciliar la vida laboral y social (en el caso de la baja por maternidad), la ley contra la violencia de género y la ley de dependencia”, añade Verdugo. Además, estas asociaciones procuran participar a diferentes niveles en cooperativas y estar representadas en todos los órganos. En cuanto a las actuaciones políticas, considera que a lo largo de estos años han sido poco los avances que se han producido. “Tradicionalmente, las mujeres han sido utilizadas como base electoral”, sostiene. Respecto a la Seguridad Social, la opinión generalizada coincide en la dificultad para que los ingresos generados en las explotaciones sean suficientes a la hora de afrontar el pago de más de una cotización. Si bien, destacan las bonificaciones concedidas por la Seguridad Social para la incorporación de las mujeres, la cual se ha aumentado a un periodo de cinco años. Las mujeres agrarias podrían optar a ayudas El pasado 2 de febrero, la subdirectora de Igualdad, Paloma González Izquierdo y el director General de Desarrollo Rural, Jesús Casas convocaron a las principales organizaciones de mujeres rurales y las OPAS para informarles sobre el contenido del Real Decreto de titularidad compartida en las explotaciones agrarias. De este modo, las mujeres podrán optar a ayudas, pagos y derechos de producción si cumplen los requisitos para ser titulares. Según la presidenta de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), María Dolores Merino, esta iniciativa “hay que tomarla con prudencia”, ya que aún “son muchas las medidas necesarias para regular la situación de la mujer agraria”. Según el MARM, el Real Decreto opera en el campo de la regulación meramente administrativa de las explotaciones “creando una figura adicional preferencial a las ya previstas en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995”. Por su parte, el área de la mujer de COAG ha manifestado su decepción ante lo que denominan una versión “descafeinada” de la titularidad compartida que recoge el Real Decreto. Así, señalan que “la mujer no va a poder gestionar con independencia la explotación más allá de la recepción del porcentaje de ayudas PAC que le corresponda”, indica Belén Verdugo. También afirman que deberían precisarse los incentivos que fomenten el reconocimiento oficial de que la mujer es cotitular de la explotación. |
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